El triunfo electoral obtenido en 2018, que significó toda una insurrección pacífica (no sólo por los más de 30 millones de votos alcanzados, sino porque rompió con todos los lazos de control estatal que garantizaban el triunfo priista y su siempre vivo y garantizado fraude), obligó al reconocimiento, porparte de las élites de poder, de su derrota. A diferencia de 2006 y 2012, la victoria del movimiento morenista fue aceptada como un mal inevitable.
Indiscutiblemente, tal acontecimiento representó –y representa- un hecho histórico de gran relieve, un hito en la historia de nuestro país, porque, a diferencia de la victoria panista con Vicente Fox que hizo perder por primera vez al PRI, al paso de cuatro años de gobierno de López Obrador, se ha demostrado que no estamos frente a una nueva y decepcionante farsa.
Con todo, es importante reconocer que las propias condiciones del triunfo morenista conllevan una serie de limitaciones que, sumadas a la reacción de los grupos defensores del capitalismo salvaje, hacen complejo el avance de las formas políticas de este nuevo gobierno, es decir, de la llamada CuartaTransformación.
Cuando hablamos de las condiciones del triunfo morenista nos referimos, primeramente, al reconocimiento explícito de que se trata de un movimiento pacífico. Esto significa que habrá de sujetarse al marco legal impuesto y diseñado por el propio sistema neoliberal al que se pretende reformar (esto lo decimos nosotros, porque oficialmente ya se dio por terminado). Desde luego, las políticas del gobierno democrático empujan para modificar ese marco legal, pero la complejidad del asunto estriba en que, incluso, para hacer avanzar esas modificaciones se tiene que actuar bajo el marco legal previsto. Es toda, en sí mismo, un margen de acción amplísimo para que los defensores del capitalismo salvaje actúen, se reacomoden y desplieguen ampliamente su espíritu de rémoras. Basta verlos atrincherados en el poder judicial, interpretando para su beneficio las leyes o en el INE, asumiendo de manera descarada el papel de oposición; y en el Congreso de la Unión donde, aprovechando el impedimento que da la mayoría calificada, obstruyen las modificaciones a la Constitución para evitar cambios de fondo. Sumado a esto está el papel de la inmensa mayoría de los medios de comunicación que al unísono atacan las iniciativas de gobierno.
El segundo aspecto a reconocer sobre las condiciones del triunfo morenista, es que este movimiento no se plantea, como fin de largo plazo, terminar con la explotación que da sustento al sistema capitalista; sino que, más bien, asume cuestiones menos complejas: terminar con la corrupción, distribuir mejor la riqueza, reinsertar al Estado a la dinámica social, recobrar soberanía y más. Aspectos de gran envergadura, sin duda, pero que, paralelamente, fijan un horizonte político. Es decir, le imprimen un carácter reformador a sus iniciativas.
Entendemos bien que, por un lado, las condiciones objetivas, el propio carácter del movimiento social y la correlación de fuerzas, no daban para plantearse cuestiones más de fondo, y que, por otro, tales objetivos podrían llegar a profundizarse en la medida en que el movimiento se consolidara, se avanzara en el proceso de organización y se ampliara la educación política de la ciudadanía; situación que recaía demanera directa en el partido, considerado como brazo político, pero está claro que su concepción política se orienta hacia el pragmatismo electorero y convenenciero, dejando a un lado la ruta del “cambio verdadero”.
El tercer aspecto a considerar es que el movimiento de la 4T ganó la administración de gobierno, no el Estado. Las élites de poder, la oligarquía, es finalmente quien define la gradación y la profundidad de los cambios propuestos; veamos. El impedimento a la aplicación de las reformas a la Ley Eléctrica (y antes al cambio constitucional sobre este punto) pegó de lleno en la búsqueda de la soberanía energética, para beneficio de los grandes corporativos trasnacionales. En el mismo sentido, ahora respecto de la soberanía alimentaria, se otorgó a Monsanto el amparo que le posibilita seguir usando glifosato y maíz transgénico en contra del decreto presidencial de 2020. Y un ejemplo más, que se refiere a la protección de su capital, es la suspensión definitiva obsequiada a Iberdrola para evitar que cubra la multa por nueve mil millones de pesos impuesta por el gobierno. Es decir, hay gobierno democrático sí, pero las élites de poder marcan los límites a los que se puede llegar para graduar la rapacidad de sus ganancias. En este aspecto sobran ejemplos que se refieren a la minería, el sistema bancario, etcétera.
Como hemos dicho, la correlación de fuerzas es un elemento vital que marca y define los ritmos por los que se puede avanzar. La 4T está cumpliendo con su papel reformador en medio de todas las limitaciones y resistencias que ofrece el sistema y hasta donde se lo permitan; pero, igualmente, por la propia concepción ideológica de quienes conducen el proceso y que define su horizonte político. Estos tres elementos que comentamos, intrínsecos al carácter pacífico y democrático con el cual se define la CuartaTransformación, podrían ser rebasados si el movimiento no se constriñera a la sola participación electoral de la ciudadanía, es decir, el solo papel devotante y, si acaso, opinante, para llevar a cabo algunos cambios. Pero ello implicaría una modificación a fondo de la visión ideológica de su dirigencia, situación que no ha sido considerada si nos atenemos a los resultados del tercer congresonacional de Morena. Ese partido dejó pasar la gran oportunidad de capitalizar la insurrección electoral que le llevó a la presidencia de la República, para mejor asumirse como parte del sistema ya existente.