Uno de los logros fundamentales de la Cuarta Transformación es el hecho de exhibir como anormal lo que durante cuarenta años se nos ha dicho que es la puritita normalidad. El enriquecimiento de unos cuantos, frente al empobrecimiento de los muchos, la conversión de los bienes públicos en fuente de riquezas particulares, el rediseño de una estructura impositiva con cierto sentido social para convertirla en una red de protección a la especulación y, en fin, todo lo que antes medio protegía a las clases de menores ingresos se convirtió en un tipo de gobierno neoliberal cuyo objetivo principal siempre fue la protección de las ganancias de los potentados.
Para lograr lo anterior, la oligarquía fue desmontando a veces de a poquito, a veces con reformas espectaculares (estructurales, les llamaba Peña Nieto) todo eso que se llamaba Estado benefactor, un Estado que, sin dejar de permitir la explotación capitalista, amortiguaba la lucha de clases mediante el cobro de impuestos a las ganancias para ofrecer servicios básicos, como salud y educación, a quienes no podían adquirirlos mediante sus ingresos.
La Cuarta Transformación uvo que desmontar chantajes falaces como la afirmación de que el aumento a los salarios era inflacionario y que ponía en riesgo la viabilidad de las empresas. Lo mismo se dijo acerca del reparto de utilidades y, al igual que los salarios, pronto se vio que un reparto menos inequitativo en nada afectará la viabilidad empresarial. Por el contrario, un mayor poder adquisitivo genera un mayor dinamismo en la economía nacional.
Oxfam, una confederación internacional conformada por varias organizaciones no gubernamentales, muestra con uno de sus estudios más recientes como la dinámica de acumulación/desposesión sigue siendo la dominante en la economía mundial. Junto a la acumulación de capital en unas cuantas manos, está el creciente empobrecimiento de grandes sectores sociales, bien sea por la vía de la explotación salarial o por la marginación o bien por el desposeimiento de bienes públicos al ser privatizados.
Para el caso de México, Oxfam enfatiza la evidente correlación entre el desmesurado crecimiento en el patrimonio de las 14 personas ultrarricas mexicana y la privatización de bienes nacionales. Destaca el caso de Carlos Slim que en 1990 se hizo, mediante concesión salinista, de Teléfonos de México; el de Salinas Pliego que en 1993 se convierte en dueño de lo que era Imevisión para dar lugar a lo que hoy es Tv Azteca, y así va puntualizando los casos de cada uno de los 14 magnates que controlan mercado y, en buena medida, las políticas gubernamentales que tengan que ver con sus múltiples negocios. En el estudio presentado en el documento El monopolio de la desigualdad se muestra como el poder económico lleva directamente al poder político.
En ese mismo estudio, Oxfam reconoce que, si bien ha disminuido la precariedad salarial en este sexenio, también es cierto que “esto no es suficiente cuando las reglas del juego para el resto de la población en México siguen siendo muy distintas a las que rigen a los ultrarricos”. Eso es así precisamente porque el poder político “Permite influir en las reglas del juego de su relación con el Estado mexicano. También afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque nuestras reglas del juego parecen tratar por igual a actores muy desiguales”, según Oxfam.
Precisamente, por lo anterior, se requiere que el Estado mexicano profundice en el combate a la desigualdad, sea mediante una reforma fiscal o bien aplicando con mayor rigor la legislación actual para que los grandes evasores fiscales, como Salinas Pliego, paguen lo que por ley les corresponde pagar.